Las Tapas de la Semana
La municipalidad envió un proyecto al Concejo Deliberante, incrementando las penas contra los boliches, bailantas y demás comercios de esparcimiento nocturno, que violen la capacidad de público autorizada.
Es como consecuencia de los excesos que se observaron en las últimas semanas, luego de la reapertura.
“Queremos que todos trabajen y que los jóvenes tengan la posibilidad de asistir a lugares controlados. Pero como Estado tenemos la obligación de promover el bien común y evitar y/o eliminar las perturbaciones y peligros que afecten al orden público”, explicaron en el Ejecutivo.
Los detalles
“La ordenanza sancionatoria actual, que prevé penas para quienes incumplan con lo establecido, resulta a todas luces ineficaz y estéril para el fin disuasorio, correctivo o rectificatorio de las conductas que causan daño o afectan la salud de las personas”, agregaron.
Por tal motivo el proyecto de ordenanza presentado por el Ejecutivo prevé castigos más duros que los vigentes. Por ejemplo, multas de 1 millón de pesos, clausura de 60 días y arresto de 15 días.
Principales alcances
- El proyecto prevé la aplicación de multas desde 1 a 50 sueldo básico del personal de categoría 10 de la municipalidad (24.700 pesos a 1.235.000 pesos), clausura de hasta 60 días y arresto de hasta 15 días a quienes incumplan con las normas que regulan la prevención de enfermedades transmisibles, límite de asistentes (factor ocupacional) a establecimientos público o privados, cerrados o abiertos, horarios de apertura, cierre y actividades a desarrollar en los mismos.
- Para valorar la magnitud del incumplimiento y la aplicación de la pena se tendrá en cuenta la alteración ocasionada al orden público, el riesgo real y potencial ocasionado en detrimento de la salud pública y la desobediencia deliberada al poder de policía municipal.
- Multas de 1/2 sueldo a 20 sueldos (12.350 pesos a 494.000 pesos), clausuras de hasta 45 días, y arresto de hasta 15 días por espectáculos, bailes, o cualquier evento público y privado sin obtener el permiso exigible o en contravención a los respectivos reglamentos, relativos a la seguridad y bienestar del público asistente o personal que trabaje.
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