Hace instantes la Cámara de Industriales de Lobos dio a conocer un comunicado en el que, tal cual lo anticipado hoy temprano por lapalabradelobos.com, expresó su “preocupación y desaprobación” por la suba de las tarifas eléctricas.
En el mismo comunicado, además, la entidad denunció abusos y falta de control por parte del Estado a la actividad empresarial.
La nota expresa lo siguiente:
“Ante los constantes ajustes de tarifas de energía eléctrica, gas, peajes y la aparición de nuevas tasas meramente recaudatorias y engorrosas para el normal desenvolvimiento de la economía. CAMIL expresa su PREOCUPACION Y DESAPROBACION. Podemos entender que faltaba actualizar los cuadros tarifarios. Pero depende de qué política energética que se quiera emplear es como se lo puede determinar, si está o no desactualizada. Si se enfoca hacia una economía abierta-liberal, nos enfrentamos con potencias económicas que la energía esta subsidiada con tarifas sumamente económicas. Entendemos que se tiene que rever la política energética integral. Es nuestro deber denunciar los negocios (negociados), como la concentración del servicio en manos de una única empresa, el grupo DESA, dirigido por Pagano, quien a base de no pagar a CAMMESA sumas exorbitantes, forjó un monopolio energético en la provincia de Buenos Aires.
La sociedad hoy sufre por tarifas de hasta un 42% más de lo acordado en la última audiencia pública.
CAMIL ha solicitado a EDEN SA el cuadro tarifario, la empresa nos envió uno de dudosa veracidad e inmediatamente nos comunicamos con OCEBA (órgano de control de las empresas eléctricas) solicitando nuevamente el cuadro tarifario vigente y el órgano estatal manejado por el gobierno de la provincia de Buenos Aires nos ha pasado un cuadro no amparado en la Resolución 419 surgida de la última audiencia pública. Ante nuestra repregunta dejaron de contestar. Cabe destacar el hecho no menor que el último que se opuso a estos manejos fue el Juez Luis Federico Arias, el mismo fue suspendido en su cargo y embargado el 40% de su sueldo.
Reiteramos nuestra preocupación sobre el estado actual del servicio y por las tarifas junto con la falta de control estatal a empresas monopólicas que sólo responden a intereses económicos y no tienen en cuenta la actividad industrial ni el bienestar de nuestros trabajadores”.